El gobierno español tiene listo un Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que pone en peligro la libertad de expresión de los ciudadanos españoles.

Según avanzó El Diario esta misma mañana, la nueva ley considera como una infracción muy grave la convocatoria de una protesta frente a cualquier institución del Estado si ésta no ha sido comunicada al gobierno previamente o si éste la ha prohibido. De esta forma un mensaje en Twitter o Facebook animando a otros a protestar frente al Congreso de los Diputados podría acarrear una sanción de hasta 600.000 euros.

Participar en este tipo de protestas seguirá siendo un delito —estén en dicho momento reunidos o no los diputados— pero el hecho de que se criminalice su difusión en redes sociales puede suponer un grave precedente para España.

Después del verano, cuando conocimos los primeros detalles de la reforma del Código Penal Gallardón, ya hablamos de la posible criminalización de este tipo de convocatorias. En dicho borrador se afirmaba que la “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 558 CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.”.

Entonces nos preguntábamos si apoyar una manifestación en las redes sociales podría ser considerado como un delito e incluso Carlos Sánchez Almeida afirmó que “podríamos llegar al mismo nivel que en China”. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el gobierno está preparando parece que va más allá en este sentido y, con ella en la mano, podría incluso multarse a aquellos que en redes sociales convoquen una manifestación frente a edificios oficiales. Una terrible noticia para la libertad de expresión en España. ¿Qué será lo siguiente?